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Acusan a exfiscal de Bolívar por corrupción y trato cruel contra una mujer

El Ministerio Público acusó a la exfiscal 16ª del segundo circuito del estado Bolívar, Marvelys Doriana Golindano (37), por presuntamente haberse valido de su investidura como funcionaria para coaccionar a una persona a salir de su hogar por motivos personales.

El Ministerio Público acusó a la exfiscal 16ª del segundo circuito del estado Bolívar, Marvelys Doriana Golindano (37), por presuntamente haberse valido de su investidura como funcionaria pública para coaccionar a una persona a salir de su hogar por motivos personales.

Esta situación irregular fue denunciada por la víctima el 9 de agosto de 2016 ante el Ministerio Público en Ciudad Guayana, estado Bolívar.

Las fiscales 2ª y auxiliar de derechos fundamentales de esa jurisdicción, Yoniray Lugo y Danny Sambrano, respectivamente, en conjunto con Leandra Torres, fiscal 4ª contra la corrupción de Bolívar, acusaron a la exfuncionaria como coautora en los delitos de trato degradante, privación ilegítima de libertad, así como violación al domicilio.

Al mismo tiempo, la acusaron por los tipos penales de asociación, tráfico de influencia y prevaricación, previstos en las leyes contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y contra la Corrupción.

En el documento suscrito ante el Tribunal 2° de Control de Puerto Ordaz, las representantes del Ministerio Público solicitaron la admisión de la acusación y las pruebas que la sustentan, así como el enjuiciamiento de la implicada en el caso, quien permanece recluida en la sede de la Policía Municipal de Caroní, ubicada en el sector de Caura, parroquia Unare de Puerto Ordaz.

Golindano fue detenida el pasado 13 de septiembre, tras una orden de aprensión solicitada ante el mencionado juzgado por las citadas fiscales.

Efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) ubicaron a la exfiscal en un local situado en el Centro Comercial Alta Vista de Puerto Ordaz, gracias a labores de rastreo telefónico, coordinadas por los expertos de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales.

La citada aprehensión se produjo a raíz de las averiguaciones adelantadas por la Fiscalía 2ª de derechos fundamentales, en conjunto con la Fiscalía 4ª contra la corrupción de esta entidad federal desde el año 2016, las cuales permitieron presumir la complicidad de la exfiscal en los delitos que ella misma investigaba debido a sus intereses personales.

Tales irregularidades datan de 2014, año en el que la víctima acudió al despacho de Golindano para denunciar hechos de violencia física, psicológica y patrimonial cometidos por su esposo. Todas estas causas fueron sobreseídas por la exfiscal, debido a que entabló una relación sentimental con el hombre.

En agosto de 2016, la víctima denunció en la institución garante de la legalidad en el país que cinco funcionarios de la Policía del municipio Caroní habían ingresado a su casa sin orden de allanamiento y sustrajeron la cantidad de 5 mil 700 dólares, un anillo de brillantes y una cadena de oro.

Por ello, el Ministerio Público imputó a los agentes policiales Gerson Maíz, Andreína Soles, Francisco Tovar, Argenis Contreras y Peter Pérez, quienes aseguraron haber recibido una llamada telefónica de Golindano el 7 de junio de 2016 para forzar la salida de la víctima de su hogar.

Después de un año y tres meses, la afectada pudo regresar a su residencia, gracias a una medida de protección solicitada por la fiscal 3ª para la defensa de la mujer de Bolívar, Madelein Saavedra.